Entre las actividades propias que realizan los Estados están aquellas destinadas a la defensa, a la seguridad nacional y a todas aquellas que puedan entregar protección a toda la comunidad social. No cabe ninguna duda que los Estados modernos y democráticos requieren tener organismos de inteligencia, es decir, espacios de análisis y estrategias para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más sujeto a vulnerabilidades internas y atentados ajenos al orden nacional.
Por experiencia de nuestra historia, la actividad de inteligencia ha tenido sus luces y sus sombras. Sin embargo, y más allá de los traumas aún no superados, es posible constatar que existen actualmente organismos de inteligencia que dependen de las Fuerzas Armadas y de las Policías. También, el común de la sociedad reconoce la existencia de la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). El actual Gobierno está en la búsqueda de proponer un nuevo organismo o fortalecer el actual y, a nuestro modo de entender, apunta a una necesidad urgente. Todos los Estados modernos y sistemas democráticos requieren hacer inteligencia, puesto que conlleva a mantener las exigencias fundamentales del resguardo de la dignidad y supremacía de la persona humana, es decir, el Estado tiene la obligación de proteger la integridad de todos los ciudadanos, sin excepción, y aportar a través de los instrumentos legales a la paz social.
Cuando se produzca esta discusión en nuestra sociedad, y especialmente en nuestro Congreso Nacional, seguramente aflorará nuestra reciente historia nacional y se caerá en la tentación de limitar a la sociedad de un organismo que cumpla a cabalidad con los objetivos de tener, de una vez y de forma urgente, un cuerpo de inteligencia a la altura de las democracias modernas y que resguarde los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
La actividad de inteligencia lamentablemente ha tenido en el último tiempo un desprestigio entre nosotros. Sin embargo, ella es necesaria, y debe desarrollarse en el marco legal y con apego a las garantías y libertades de nuestros ciudadanos.
Este nuevo organismo deberá contener tanto las facultades, como los límites en el ejercicio de su actividad, y deberá velar también por la calidad ética y profesional de sus integrantes. Sería importante que el legislador pudiera dar luces para la creación de la formación profesional permanente de agentes de inteligencia, y que no se limite solo al mundo militar o policial. También otros profesionales podrían aportar desde sus visiones específicas de mayor altura y exigencias.
La Inteligencia como actividad puede ser calificada como trascendente para el mantenimiento de la seguridad nacional, en la práctica es la recolección, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda la información disponible que pueda ser necesaria para mantener el cumplimiento permanente de los objetivos de esta actividad, y cuyos frutos se podrían ver reflejados en la prevención de los delitos y adelantarse a fenómenos ajenos a la ley y el orden.
La inteligencia es una actividad legítima que desarrollan los Estados modernos, y contribuye eficazmente a los Gobiernos a preservar la seguridad nacional y velar por aquellos elementos foráneos que puedan afectar al territorio nacional. Al estar en juego en esta actividad los derechos y garantías de los individuos, resulta siempre necesario que esté regulado por la actividad competente, y que puedan existir sanciones ante la violación de una garantía esencial.
Nuestra sociedad, el Congreso Nacional y el Gobierno tienen y están ante una oportunidad única para contribuir y desarrollar la actividad de inteligencia, y dar el rango legal y democrático que, a nuestro juicio, se justifica por la necesidad reconocida a todas luces de entregar al Estado de Chile un organismo que vele efectivamente por la seguridad nacional en el marco de los Derechos Fundamentales.